ANTI-CORRUPCION y PODER CIUDADANO
Nace una asociación civil contra la corrupción y por los derechos ciudadanos
¿Qué significa luchar contra la corrupción?
Las diferentes aproximaciones a la corrupción, plasmadas en documentos internacionales y nacionales, parecen tener un común denominador para definirla como el "uso y abuso del poder público en provecho propio" o "el aprovechamiento de los intereses públicos por los privados". Reducen lo público a lo estatal y, por ello, generalmente, concentran su atención en el accionar de los funcionarios públicos y en la actividad de los gobiernos y los Estados.
Dichas aproximaciones son insuficientes y sumamente parcializadas, porque lo público además de lo estatal puede abarcar ámbitos sociales no necesariamente privados (medios de comunicación, servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil) y porque el uso y abuso de un poder privado también afecta el ámbito público social o estatal (empresas). Peor aún, dichas aproximaciones excluyen la corrupción realizada por particulares nacionales y la propiciada por las grandes transnacionales.
A nuestro criterio, la definición de la corrupción debe precisarse al margen de la dicotomía público - privado. Su esencia se encuentra en la infracción de las reglas socialmente admitidas. El Diccionario de
Urge llamar la atención sobre este aspecto para no ver la lucha contra la corrupción únicamente persiguiendo funcionarios estatales y estableciendo rankings o índices de corrupción u opacidad de los Estados, sino también procesando a mafiosos particulares y elaborando rankings de empresas y transnacionales corruptas. La lucha contra la corrupción debe ser integral y no parcializada.
La corrupción es un fenómeno estructural que violenta las diferentes relaciones sociales existentes en la sociedad. Violenta las relaciones políticas y debilita al Estado; violenta las relaciones económicas bajo la apariencia de reducir costos y afectando a los pobres y extremadamente pobres; violenta las relaciones personales al introducir patrones fuera de las reglas social o legalmente admitidas y violenta el conjunto de valores que deben ser la base de una sociedad democrática. En rigor, la corrupción como fenómeno estructural violenta al individuo y a su mundo social, político, económico y cultural.
Desde las víctimas, importan todas las causas y todos los efectos y elementos desencadenantes de la corrupción. La corrupción es polidimensional. Para combatirla, ninguna dimensión puede ser descartada.
La corrupción atenta contra la dignidad de los seres humanos. Toda acción corrupta afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos, la satisfacción de sus necesidades, o la realización de sus capacidades o de sus potencialidades. Afecta el desarrollo de las personas. En suma, atenta contra nuestra dignidad. Ésta es la dimensión personal de la corrupción.
La corrupción afecta las relaciones sociales de las personas. Introducir prácticas de conducta fuera de las reglas social y públicamente admitidas como válidas en un contexto determinado, resquebraja y debilita los mecanismos de producción y reproducción social de una comunidad. En rigor, toda acción corrupta afecta el ejercicio pleno de los derechos de la sociedad, la satisfacción de sus necesidades, o la realización de sus capacidades o de sus potencialidades. Afecta el desarrollo de la sociedad. Atenta contra nuestra dignidad colectiva. Ésta es la dimensión social de la corrupción.
La corrupción distorsiona la economía. Es bastante claro ya que las acciones corruptas, a diferencia de lo que antes se entendía, incrementan los costos de los productos. La coima clandestina o las comisiones oficiales aumentan y no disminuyen los costos de producción. Este sobrecosto planificado o no, se traslada luego al precio del producto o servicio. Quien recurre al sobrecosto corrupto desplaza al que no recurre al mismo. La distorsión de igualdad de reglas para todos ha sido consumada. Ésta es una parte de la dimensión económica de la corrupción.
Los recursos utilizados en la corrupción, por otro lado, desvían fondos para actividades que no necesariamente son prioritarias para la sociedad o las personas impidiendo invertir o focalizar la actividad pública, social o privada en programas sociales orientados a combatir la pobreza. La corrupción afecta directamente a los más pobres no sólo porque encarece los productos sino porque los priva de recursos públicos que podrían destinarse a programas que los beneficien. Ésta es la otra parte de la dimensión económica de la corrupción.
La corrupción debilita la democracia. La realización de actividades y prácticas ajenas a las reglas o normas admitidas y que no cumplen o respetan los procedimientos y mecanismos oficiales de las instituciones públicas atentan contra la eficiencia y credibilidad de las mismas. El debilitamiento institucional afecta la consolidación o el desarrollo de la democracia. La corrupción atenta contra el equilibrio de poderes, propicia la clandestinidad en desmedro de la publicidad, concentra y oculta información, no la distribuye, promueve una cultura del secreto en lugar de una cultura de la transparencia. Democracia es equilibrio de poderes, publicidad, información, participación, transparencia. La democracia como un derecho personal y social, como una forma de gobierno, como un modo de vida, es una cultura anticorrupción. La democracia se estanca, se debilita, se destruye con la corrupción. Ésta es la dimensión política de la corrupción.
La democracia se debilita mucho más cuando, desde las propias esferas del Estado o del gobierno, la corrupción se convierte en instrumento de gestión gubernamental. Marcos en las Filipinas, Duvalier en Haiti, Ceucescu en Rumania, los Salinas de Gortari en México, Fujimori y Montesinos en el Perú, Goni aquí en Bolivia, son algunos ejemplos de cómo la corrupción ha tomado por asalto, capturado, con elecciones o sin ellas, a diferentes Estados.
La corrupción es una contracultura. por constituir la corrupción una serie de prácticas ajenas a las reglas social y públicamente. Los valores de justicia, equidad, igualdad, tolerancia, democracia, etc. públicamente admitidas y oficializadas por las sociedades son dejados de lado o vulnerados por prácticas clandestinas, secretas o silenciadas que buscan beneficios particulares en desmedro de los colectivos y sociales. Por ello, la corrupción es sumamente peligrosa, porque no es un conjunto de actos aislados sino la viva expresión de prácticas y comportamientos anómicos dentro de las sociedades. La corrupción no es fortuita ni espontánea, no es circunstancial ni estática. La corrupción como contracultura es un motor dinámico de nuestras sociedades que tiene raíces históricas. Ésta es la dimensión cultural de la corrupción.
La corrupción es un fenómeno global. La corrupción se fortalece cuando los grandes centros de poder político y económico en el mundo - países desarrollados y grandes transnacionales- no sólo realizan y auspician prácticas corruptas sino, también, cuando dichos centros de poder propician, negocian, toleran y hasta se asocian con gobiernos corruptos. La corrupción local o nacional se optimiza e integra con la transnacional. Esta es la dimensión transnacional de la corrupción.
Asumir la pluralidad de dimensiones de la corrupción permitirá diseñar mejores propuestas para combatirla.
La corrupción como contracultura se encuentra en las relaciones y prácticas sociales. Se encuentran en una situación de latencia y en la acción social misma se tornan en patente. La corrupción existe más allá de nuestros sentidos, de lo que vemos, oímos, sentimos, está ahí, en la sociedad misma. El accionar de las personas le da movimiento, de latente lo vuelve patente. La dialéctica social luego la puede volver de patente en latente.
La corrupción latente se encuentra oculta, escondida, embalsada socialmente. Ella nos permite comprender la corrupción como una práctica cultural, social, que en un momento determinado puede convertirse en evidencia. Fujimori y Montesinos son expresión de la existencia de una corrupción latente en la sociedad peruana. Ojala nos mantenga alertas para no descuidar nuevos embalses de corrupción. El contexto histórico por el que atraviesa Bolivia
Bolivia vive un momento histórico donde los movimientos sociales y el pueblo en general han recorrido un largo camino de luchas y de reivindicaciones para lograr cambios reales en todas sus estructuras, que está condicionada a un cambio de mentalidades y de conducta de sus actores. Los ciudadanos tienen también una co-responsabilidad en estos cambios y en la lucha para la reducción de los actos de corrupción que distorsionan los valores y principios de una verdadera sociedad democrática.
Una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos de la cosa pública garantiza una mayor transparencia, evita la corrupción y permite un mejor desenvolvimiento del Estado en el cumplimiento de sus funciones dirigidas al alcanzar un bienestar social para todos.
La corrupción, además de ser un fenómeno, es también un mecanismo utilizado ideológicamente para propósito macro-económicos para justificar procesos de privatizaciones debido a la supuesta corrupción estatal, ex profeso incentivada y fomentada.
AICO es una organización privada sin fines de lucro, que nace por la fuerte convicción y compromiso social de varios ciudadanos y organizaciones sociales diversas, dispuestas a actuar de forma muy concreta en este ámbito tanto mediante acciones judiciales, mediáticas y movilización social que permitan generar adecuados niveles de conciencia y un cambio de conducta generalizado en la población en general, de manera que las acciones anti-corrupción nazcan en la propia comunidad organizada.
“ANTICORRUPCIÓN E INTERPELACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA” (AICO) tiene una estructura horizontal y desconcentrada, que garantiza un trabajo más eficiente y abierto a todos los ciudadanos que deseen sumarse y apropiarse de esta iniciativa que favorecerá a todos, bajo un objetivo último: el bienestar social.
Nuestras prioridades se basan en responder al desafío histórico del país que permita una actuación ciudadana más protagónica, favoreciendo acciones de la sociedad civil para la reducción de la corrupción.
Elaborar y presentar propuestas para el mejoramiento de los servicios públicos y que eviten la corrupción institucionalizada en los tres poderes del Estado, y demás órganos constitucionales.
Nuestra prioridad se centrará en el trabajo en el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de alianzas estratégicas que nos permitan avanzar sobre este problema social.
Nuestra posición frente a
“ANTICORRUPCIÓN E INTERPELACIÓN POPULAR ORGANIZADA” (AIPO) toma posición ante la próxima constituyente, entendiéndola como parte de un proceso de cambio que ofrece la oportunidad de transformar el Estado y conquistar nuevos derechos ciudadanos.
Es así que AIPO, plantea la inclusión de dos nuevos poderes dentro de
ü El Poder Ciudadano (que agrupe órganos con atribuciones ampliadas y reformadas, tales como: Defensor del Pueblo, Ministerio Público, y Contraloría General de
ü El Poder Electoral, condicionada a un reforma profunda que incluya el Voto Electrónico y un Padrón Electoral electrónico confiable y eficiente (Registro digital de huellas, foto y datos generales de cada elector)
Además de otras reivindicaciones vinculantes e IMPORTANTES tales como:
1) Revocatoria de mandato de todos los cargos electos
2) Elección de fiscales y jueces por parte de los ciudadanos
3) Desconcentración territorial del poder judicial (más cercanía con el ciudadano)
“ANTICORRUPCIÓN E INTERPELACIÓN POPULAR ORGANIZADA” (AIPO) invita a todos los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa, sea con su apoyo en movilizaciones sociales, actuaciones y seguimiento de casos judiciales, propuestas y apoyando nuestras iniciativas legislativas y constitucionales. Datos de contacto:
AIPO-Bolivia Casilla Nº8200, La Paz, Bolivia Tel.: 705 60 217 – 719 099 46 - 725 43 693
http://aipobolivia.over-blog.com
Correo Electrónico: aipobolivia@no-log.org
Entre lo patente y lo latente
¿Qué es “ANTICORRUPCIÓN E INTERPELACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA” (AICO) ?
Nuestras prioridades y áreas de actuación urgente
